Después de la contienda electoral en el que fueron electos los diputados federales, me interesa compartir, para seguir en esta reflexión social, sobre la decisión que cada uno de nosotros y nosotras tomó al momento de llegar a la urna. Ese espacio íntimo que ahora fue violado por la extorsión que hicieron algunos partidos a la gente, al pedirles tomar la foto a su boleta, con los celulares, según denunciaron ante las instancias electorales. En mi caso esgrimiré un rosario de razones por las que anulé mi voto porque en ellas están las repercusiones que tiene el sistema de partidos en las políticas educativas y sociales y en el reforzamiento de la cultura corporativa magisterial.
En este juego político por conseguir el poder, sabemos de sobra por lo que presenciamos, que todo se vale. Los primeros en hacer uso de esta regla son las instituciones encargadas de la organización, desarrollo y transparencia de los resultados de las elecciones: IFE y los partidos políticos. Ahora, por parte de un sector de la sociedad se agregó la decisión, de ciudadanos y ciudadanas, de anular el voto. Esta acción tiene en su historial la serie de agravios económicos, políticos, sociales y culturales que en México se acumularon con cada gobierno. En mi caso quiero traer a colación aquellos que me impulsaron a la anulación del voto. Son diez razones educativas – esquemáticas por el espacio- que expongo en este artículo.
1. El uso político de la educación y el abandono de las necesidades más apremiantes, en cuanto los partidos políticos llegan a las Cámaras y al gobierno. Los políticos utilizan la educación en sus campañas electorales pero no consultan, no escuchan, no generan políticas educativas de acuerdo a las necesidades de amplios sectores empobrecidos y con seculares rezagos socioeconómicos y educativos, cuando logran sus objetivos personales y partidistas. Los recursos económicos se distribuyen de acuerdo a la mayor habilidad política de los gobiernos y el signo de la inequidad, la desigualdad en la distribución de los conocimientos y la calidad educativa, es el paso consecuente cuando los políticos llegan al poder. Lo más lamentable del caso es la “ilegalidad de los poderes públicos” en materia educativa, es decir, que no existe ninguna ley o reglamento que sancione el incumplimiento del derecho a la educación como bien social fundamental (Miguel Ángel Rodríguez, 2009) y, menos aún, el incumplimiento de las promesas de campaña. Vuelven a recordar la educación con una nueva campaña.
2. Pobreza del Programa Educativo Sectorial y sus programas. El PES presenta una carencia de visión diagnóstica y conceptual que marca sólo la continuidad pero sin novedades (OCE, 2008). La serie de críticas a la Reforma de la Educación Primaria -y a los libros de texto que emanan de ésta- por parte de prestigiadas instituciones de investigación educativa como DIE, COMIE, OCE, Educación y Cambio AC, Contracorriente AC y de un amplio grupo de educadores del país pasó desapercibida por los gobiernos y el Congreso de la Unión. La soberbia e irresponsabilidad en el manejo de las políticas públicas y educativas es ejemplar.
3. Ofensiva alianza entre la SEP y el SNTE para la distribución al 50% de puestos públicos en la SEP, plazas, lugares para recomendados en las instituciones y la aplicación discrecional de las normas y los recursos económicos. La preeminencia de bajos perfiles y pago de favores políticos en el nombramiento de funcionarios en el sistema educativo. Uno de los casos más conocidos es el de la Subsecretaría de Educación Básica, cuyo titular es mejor conocido como el yerno de Elba Esther. A nivel local pueden encontrarse personajes que han hecho una carrera política en el PRI –hasta ahora- o en el SNTE aunque su desempeño profesional sea deplorable por su desconocimiento del sector educativo y los niveles de corrupción sean más que evidentes. Es esta alianza la que permite una serie de arbitrariedades, prácticas autoritarias y corruptas que afectan al magisterio en su gran mayoría y lo pone bajo el amparo de un páramo desolador.
4. Las evaluaciones estandarizadas que incrementan la inequidad y vuelven responsables del atraso educativo a los profesores, los alumnos y los padres de familia. Aparte de las carencias técnicas ya denunciadas por especialistas en la materia, en cuanto a su elaboración, la Prueba ENLACE, está hecha con criterios homogeneizadores, está en español, se ha convertido en un medidor de la calidad educativa. No considera la gran diversidad cultural que existe en el país, no pone el acento en los procesos sino en los resultados y no evidencia que ocurre en el contexto social y económico de las escuelas. Su aplicación no permite generar políticas educativas, proyectos y programas de mejora permanente. Es una evaluación cuyos resultados no son tomados en cuenta ni por las Cámaras ni por las secretarías de educación pública, corresponsables de los resultados, a lo largo del país. ¿Y los partidos políticos? Bien gracias, cobrando sus dietas y bonos por su labor legislativa. ¿Y en SNTE que cuida los intereses de sus agremiados? Bien gracias, apropiándose de las cuotas y buscando ser diputados una vez terminada su gestión en el sindicato.
5 La discrecionalidad y falta de transparencia en el manejo de los recursos económicos destinados a la educación. Los programas no se evalúan y existen práctica probadas de complicidad, corrupción y autocomplacencia que hacen aparecen profundos abismos entre lo que se informa en el papel y en los acartonados actos protocolarios; y lo que sucede en las escuelas y en la administración de los servicios educativos. Los ciudadanos observamos que no se corresponde una cosa con la otra y lo más grave es que no hay quién ponga límites a esta cultura política porque todas las instancias están controladas por los políticos de todos los partidos. La impunidad como moneda de cambio entre todos ellos. Imposible conocer en las páginas o por medio del IFAI los montos económicos, los salarios, el número de plazas disponibles, etc. que se manejan y llegamos a preguntarnos como lo hace Observatorio Ciudadano de la Educación (julio 2008) ¿Por qué en el país el 50% de las primarias indígenas se gotean cuando llueve y un 15% se inunda; el 56% de las primarias indígenas presenta cuarteaduras en las paredes y en los techos y un 58% tiene ventanas con vidrios rotos o de plano sin vidrios; además, el 37% de los planteles tiene letrinas y en un 17% no hay servicio de sanitario? Ningún partido político y sus gobiernos han hecho nada por remediarlo.
6. Discriminación, intolerancia y ausencia de programas efectivos para estudiantes indígenas, discapacitados y homosexuales. Indiferencia y ausencia de apoyos a los proyectos innovadores, relevantes y pertinentes que se llevan a cabo en zonas de muy alta marginación o que atienden a poblaciones con necesidades educativas especiales. No podemos aceptar más la irresponsabilidad con la que se legisla en las Cámaras. No es posible que haya graves inequidades en las oportunidades educativas para los grupos diferentes y, menos aún, excluirlos y discriminarlos por la diversidad cultural y lingüística, por las diferencias en los ritmos de aprendizaje y por las preferencias sexuales. Incluyo aquí el atentado cometido por los Congresos Estatales, como el de Puebla, que legaliza la discriminación y corta de cuajo el derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo y desconoce el impactante problema social de muertes de mujeres por prácticas de aborto en condiciones insalubres. Los políticos y las políticas unieron sus dedos pensando –seguramente- en la excomunión que se les avecinaba.
7. La represión en Puebla contra los maestros que se rebelan ante un sistema educativo y sindical con permanentes actos de corrupción e impunidad. Son ellos quienes están en las aulas y saben de las dificultades económicas, sociales y educativas que tienen porque están ubicados, en su mayoría, en las regiones más pobres del estado; son los docentes que expresan su cansancio de no ser escuchados, ni tomados en cuenta a la hora de manifestar sus desacuerdos y propuestas. Están en desacuerdo con la ACE porque ésta no tiene fundamentos para mejorar la calidad educativa. Se trata de un acuerdo entre Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón sin consultar al magisterio y sin escuchar a los investigadores y académicos del país. La ACE representa que la SEP concede el derecho al SNTE de decidir las políticas educativas en el país y esto es lamentable. La ACE pretende ser impuesta por encima del Programa Educativo Sectorial. Por otro lado, son los docentes reprimidos quienes se manifiestan en contra de un sindicato antidemocrático que no rinde cuentas de las cuotas que les descuentan de su salario porque la afiliación no es voluntaria, es a fuerza, en cuanto tienen plaza con el primer pago llega el descuento como miembro activo del sindicato de Elba Esther. El uso de la violencia es injustificable y, más aún, es reprobable la criminalización de los movimientos sociales porque tendrían que comenzar, los partidos en el poder, por exigir cuentas a quienes han denigrado la vida sindical y profesional del magisterio.
8. La venta de puntajes escalafonarios y programas de formación docente a instituciones de mala calidad académica. Los ciudadanos podemos informarnos, porque existen los medios, de saber qué universidades, sin programas certificados, por CONACYT, ANUIES, etc. se encargan de procesos formativos del magisterio con toda impunidad y gracias al compadrazgo. Tienen mayores puntajes escalafonarios algunos diplomados que aquellas maestrías que se cursan en instituciones prestigiadas y con programas certificados de calidad. Ningún partido político dice algo al respecto y se trata de la formación de los profesores del país y de los recursos públicos que ellos están obligados a cuidar.
9. El nombramiento de un director en la UPN Puebla con una gris trayectoria aderezada con actos de corrupción y autoritarismo. – como el protagonista de la película La ley de Herodes- que cierra las puertas de una institución pública a estudiantes y profesores indígenas y de los más bajos recursos económicos del estado con el beneplácito de las autoridades educativas y sindicales. Persigue y hostiga a los académicos más importantes de la institución y protege a los acosadores sexuales, ineptos conocidos y amantes de la servidumbre voluntaria que son quienes pueden deberle favores. Los partidos políticos y sus candidatos, en Puebla, metidos en sus campañas políticas y mamando del becerro de oro, se encuentran ajenos a la violación a los derechos humanos, laborales y sindicales de estudiantes y docentes
10. El daño formativo, moral y cultural que heredamos a nuestros hijos y a las generaciones de jóvenes. Actualmente ellos viven en condiciones de incertidumbre, inseguridad, violencia en sus hogares, con sus parejas, en las calles y en las instituciones. Están, como nosotros, rodeados de narcotraficantes, drogas penalizadas y permitidas según sea la “contribución “de los empresarios en el Congreso de la Unión; los jóvenes conocen a funcionarios corruptos y, a través de los medios masivos de información, se educan en la jerarquización social y en la discriminación hacia los diferentes. Naturalizan el lenguaje sexista, utilizan la violencia como forma de relacionarse y se olvidan de la solidaridad y los principios humanos de convivencia. Los niños y jóvenes viven dentro de la pobreza y la discriminación, la exclusión y violación de sus más elementales derechos porque las instituciones creadas por los adultos y, en especial, por el Estado, permiten y favorecen ese estado de cosas. No hay alternativas de los partidos políticos que atiendan las necesidades de primera generación (Amartya Sen) es decir, sus derechos civiles y políticos.
Por todo lo anterior, es que anulé mi voto aunque algunas amigas me hayan dicho que con esta acción se beneficia la derecha… ¿Hay alguna forma más de expresar el desacuerdo con lo que existe y que no me gusta? Como ciudadana responsable participo de esta manera en la idea de contribuir en la generación de espacios que busquen construir una sociedad más justa y lograr el derecho a la educación para todos, como un bien superior fundamental porque la educación es el medio por el cual los sujetos pueden abrir la puerta a otros bienes necesarios para mejorar la calidad de vida.
Puebla julio de 2009
En este juego político por conseguir el poder, sabemos de sobra por lo que presenciamos, que todo se vale. Los primeros en hacer uso de esta regla son las instituciones encargadas de la organización, desarrollo y transparencia de los resultados de las elecciones: IFE y los partidos políticos. Ahora, por parte de un sector de la sociedad se agregó la decisión, de ciudadanos y ciudadanas, de anular el voto. Esta acción tiene en su historial la serie de agravios económicos, políticos, sociales y culturales que en México se acumularon con cada gobierno. En mi caso quiero traer a colación aquellos que me impulsaron a la anulación del voto. Son diez razones educativas – esquemáticas por el espacio- que expongo en este artículo.
1. El uso político de la educación y el abandono de las necesidades más apremiantes, en cuanto los partidos políticos llegan a las Cámaras y al gobierno. Los políticos utilizan la educación en sus campañas electorales pero no consultan, no escuchan, no generan políticas educativas de acuerdo a las necesidades de amplios sectores empobrecidos y con seculares rezagos socioeconómicos y educativos, cuando logran sus objetivos personales y partidistas. Los recursos económicos se distribuyen de acuerdo a la mayor habilidad política de los gobiernos y el signo de la inequidad, la desigualdad en la distribución de los conocimientos y la calidad educativa, es el paso consecuente cuando los políticos llegan al poder. Lo más lamentable del caso es la “ilegalidad de los poderes públicos” en materia educativa, es decir, que no existe ninguna ley o reglamento que sancione el incumplimiento del derecho a la educación como bien social fundamental (Miguel Ángel Rodríguez, 2009) y, menos aún, el incumplimiento de las promesas de campaña. Vuelven a recordar la educación con una nueva campaña.
2. Pobreza del Programa Educativo Sectorial y sus programas. El PES presenta una carencia de visión diagnóstica y conceptual que marca sólo la continuidad pero sin novedades (OCE, 2008). La serie de críticas a la Reforma de la Educación Primaria -y a los libros de texto que emanan de ésta- por parte de prestigiadas instituciones de investigación educativa como DIE, COMIE, OCE, Educación y Cambio AC, Contracorriente AC y de un amplio grupo de educadores del país pasó desapercibida por los gobiernos y el Congreso de la Unión. La soberbia e irresponsabilidad en el manejo de las políticas públicas y educativas es ejemplar.
3. Ofensiva alianza entre la SEP y el SNTE para la distribución al 50% de puestos públicos en la SEP, plazas, lugares para recomendados en las instituciones y la aplicación discrecional de las normas y los recursos económicos. La preeminencia de bajos perfiles y pago de favores políticos en el nombramiento de funcionarios en el sistema educativo. Uno de los casos más conocidos es el de la Subsecretaría de Educación Básica, cuyo titular es mejor conocido como el yerno de Elba Esther. A nivel local pueden encontrarse personajes que han hecho una carrera política en el PRI –hasta ahora- o en el SNTE aunque su desempeño profesional sea deplorable por su desconocimiento del sector educativo y los niveles de corrupción sean más que evidentes. Es esta alianza la que permite una serie de arbitrariedades, prácticas autoritarias y corruptas que afectan al magisterio en su gran mayoría y lo pone bajo el amparo de un páramo desolador.
4. Las evaluaciones estandarizadas que incrementan la inequidad y vuelven responsables del atraso educativo a los profesores, los alumnos y los padres de familia. Aparte de las carencias técnicas ya denunciadas por especialistas en la materia, en cuanto a su elaboración, la Prueba ENLACE, está hecha con criterios homogeneizadores, está en español, se ha convertido en un medidor de la calidad educativa. No considera la gran diversidad cultural que existe en el país, no pone el acento en los procesos sino en los resultados y no evidencia que ocurre en el contexto social y económico de las escuelas. Su aplicación no permite generar políticas educativas, proyectos y programas de mejora permanente. Es una evaluación cuyos resultados no son tomados en cuenta ni por las Cámaras ni por las secretarías de educación pública, corresponsables de los resultados, a lo largo del país. ¿Y los partidos políticos? Bien gracias, cobrando sus dietas y bonos por su labor legislativa. ¿Y en SNTE que cuida los intereses de sus agremiados? Bien gracias, apropiándose de las cuotas y buscando ser diputados una vez terminada su gestión en el sindicato.
5 La discrecionalidad y falta de transparencia en el manejo de los recursos económicos destinados a la educación. Los programas no se evalúan y existen práctica probadas de complicidad, corrupción y autocomplacencia que hacen aparecen profundos abismos entre lo que se informa en el papel y en los acartonados actos protocolarios; y lo que sucede en las escuelas y en la administración de los servicios educativos. Los ciudadanos observamos que no se corresponde una cosa con la otra y lo más grave es que no hay quién ponga límites a esta cultura política porque todas las instancias están controladas por los políticos de todos los partidos. La impunidad como moneda de cambio entre todos ellos. Imposible conocer en las páginas o por medio del IFAI los montos económicos, los salarios, el número de plazas disponibles, etc. que se manejan y llegamos a preguntarnos como lo hace Observatorio Ciudadano de la Educación (julio 2008) ¿Por qué en el país el 50% de las primarias indígenas se gotean cuando llueve y un 15% se inunda; el 56% de las primarias indígenas presenta cuarteaduras en las paredes y en los techos y un 58% tiene ventanas con vidrios rotos o de plano sin vidrios; además, el 37% de los planteles tiene letrinas y en un 17% no hay servicio de sanitario? Ningún partido político y sus gobiernos han hecho nada por remediarlo.
6. Discriminación, intolerancia y ausencia de programas efectivos para estudiantes indígenas, discapacitados y homosexuales. Indiferencia y ausencia de apoyos a los proyectos innovadores, relevantes y pertinentes que se llevan a cabo en zonas de muy alta marginación o que atienden a poblaciones con necesidades educativas especiales. No podemos aceptar más la irresponsabilidad con la que se legisla en las Cámaras. No es posible que haya graves inequidades en las oportunidades educativas para los grupos diferentes y, menos aún, excluirlos y discriminarlos por la diversidad cultural y lingüística, por las diferencias en los ritmos de aprendizaje y por las preferencias sexuales. Incluyo aquí el atentado cometido por los Congresos Estatales, como el de Puebla, que legaliza la discriminación y corta de cuajo el derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo y desconoce el impactante problema social de muertes de mujeres por prácticas de aborto en condiciones insalubres. Los políticos y las políticas unieron sus dedos pensando –seguramente- en la excomunión que se les avecinaba.
7. La represión en Puebla contra los maestros que se rebelan ante un sistema educativo y sindical con permanentes actos de corrupción e impunidad. Son ellos quienes están en las aulas y saben de las dificultades económicas, sociales y educativas que tienen porque están ubicados, en su mayoría, en las regiones más pobres del estado; son los docentes que expresan su cansancio de no ser escuchados, ni tomados en cuenta a la hora de manifestar sus desacuerdos y propuestas. Están en desacuerdo con la ACE porque ésta no tiene fundamentos para mejorar la calidad educativa. Se trata de un acuerdo entre Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón sin consultar al magisterio y sin escuchar a los investigadores y académicos del país. La ACE representa que la SEP concede el derecho al SNTE de decidir las políticas educativas en el país y esto es lamentable. La ACE pretende ser impuesta por encima del Programa Educativo Sectorial. Por otro lado, son los docentes reprimidos quienes se manifiestan en contra de un sindicato antidemocrático que no rinde cuentas de las cuotas que les descuentan de su salario porque la afiliación no es voluntaria, es a fuerza, en cuanto tienen plaza con el primer pago llega el descuento como miembro activo del sindicato de Elba Esther. El uso de la violencia es injustificable y, más aún, es reprobable la criminalización de los movimientos sociales porque tendrían que comenzar, los partidos en el poder, por exigir cuentas a quienes han denigrado la vida sindical y profesional del magisterio.
8. La venta de puntajes escalafonarios y programas de formación docente a instituciones de mala calidad académica. Los ciudadanos podemos informarnos, porque existen los medios, de saber qué universidades, sin programas certificados, por CONACYT, ANUIES, etc. se encargan de procesos formativos del magisterio con toda impunidad y gracias al compadrazgo. Tienen mayores puntajes escalafonarios algunos diplomados que aquellas maestrías que se cursan en instituciones prestigiadas y con programas certificados de calidad. Ningún partido político dice algo al respecto y se trata de la formación de los profesores del país y de los recursos públicos que ellos están obligados a cuidar.
9. El nombramiento de un director en la UPN Puebla con una gris trayectoria aderezada con actos de corrupción y autoritarismo. – como el protagonista de la película La ley de Herodes- que cierra las puertas de una institución pública a estudiantes y profesores indígenas y de los más bajos recursos económicos del estado con el beneplácito de las autoridades educativas y sindicales. Persigue y hostiga a los académicos más importantes de la institución y protege a los acosadores sexuales, ineptos conocidos y amantes de la servidumbre voluntaria que son quienes pueden deberle favores. Los partidos políticos y sus candidatos, en Puebla, metidos en sus campañas políticas y mamando del becerro de oro, se encuentran ajenos a la violación a los derechos humanos, laborales y sindicales de estudiantes y docentes
10. El daño formativo, moral y cultural que heredamos a nuestros hijos y a las generaciones de jóvenes. Actualmente ellos viven en condiciones de incertidumbre, inseguridad, violencia en sus hogares, con sus parejas, en las calles y en las instituciones. Están, como nosotros, rodeados de narcotraficantes, drogas penalizadas y permitidas según sea la “contribución “de los empresarios en el Congreso de la Unión; los jóvenes conocen a funcionarios corruptos y, a través de los medios masivos de información, se educan en la jerarquización social y en la discriminación hacia los diferentes. Naturalizan el lenguaje sexista, utilizan la violencia como forma de relacionarse y se olvidan de la solidaridad y los principios humanos de convivencia. Los niños y jóvenes viven dentro de la pobreza y la discriminación, la exclusión y violación de sus más elementales derechos porque las instituciones creadas por los adultos y, en especial, por el Estado, permiten y favorecen ese estado de cosas. No hay alternativas de los partidos políticos que atiendan las necesidades de primera generación (Amartya Sen) es decir, sus derechos civiles y políticos.
Por todo lo anterior, es que anulé mi voto aunque algunas amigas me hayan dicho que con esta acción se beneficia la derecha… ¿Hay alguna forma más de expresar el desacuerdo con lo que existe y que no me gusta? Como ciudadana responsable participo de esta manera en la idea de contribuir en la generación de espacios que busquen construir una sociedad más justa y lograr el derecho a la educación para todos, como un bien superior fundamental porque la educación es el medio por el cual los sujetos pueden abrir la puerta a otros bienes necesarios para mejorar la calidad de vida.
Puebla julio de 2009
